CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).-
La legislación sobre marihuana, que permitiría poseer hasta 28 gramos de hierba, no criminalizar a los campesinos que siembran, fomentar la investigación y la utilización para fines médicos, no se ha terminado de concretar, pues ha quedado congelada por el Covid-19.
Aunque hace casi dos años integrantes del gobierno mostraron su apoyo a la regulación de la marihuana con fines lúdicos, médicos y comerciales, esta propuesta aún no se ha definido, ya que incluso antes de la emergencia sanitaria, el Congreso no había avanzado en el tema.
Sin embargo, ante este freno, especialistas consideraron que los estados podrían legislar en la materia, haciendo que sus fiscalías o procuradurías no prioricen los delitos relacionados con la cannabis y baje el número de detenciones.
A la espera de que aclaren si retoman o no sus actividades presenciales, los legisladores deberán trabajar en esta deuda pendiente, a sabiendas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les puso como límite el 15 de diciembre para aprobar la normativa.
En marzo, antes de que el coronavirus se extendiera en el país, se discutió en el Senado un dictamen con el que se busca crear la ley para la regulación del cannabis, así como reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
El dictamen incluye aumentar hasta 28 gramos la cantidad permitida para consumo personal —actualmente es de cinco gramos— y establece puntos para regular la marihuana en sus usos lúdico y recreativo, particular, compartido y comercial, entre otros.
A pesar de que fue discutida hace tres meses en el Senado, especialistas consideraron que la regulación de la marihuana ha avanzado de manera lenta en este sexenio, pues funcionarios como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Alfonso Durazo, titular de Seguridad, se habían mostrado a favor de este tema y daba la impresión de que era prioritaria.
“Los avances han sido pocos. Los documentos están ahí, pero no vemos ni para cuándo. Ellos dicen que sí quieren avanzar en la regulación, pero no han cumplido”, dice Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
Torres Landa recuerda que en la mayor parte de 2019 la propuesta de legalizar la cannabis quedó en el cajón y que fue en el último tramo del año cuando el tema resurgió, a pesar de que en 2018 la entonces senadora Olga Sánchez Cordero ya había presentado una iniciativa al respecto.
“El Legislativo no da paso sin huarache, no actúa si no hay visto bueno en Presidencia y como hay un dominio de un solo partido en las Cámaras, no avanza el tema”, opinó.
AVANCE LENTO Y EN EL SENTIDO EQUIVOCADO
Según un micrositio en la página del Senado sobre la regulación de la cannabis, hay al menos 11 iniciativas que abordan este asunto, aunque la propuesta sobre la que están trabajando las bancadas es la que fue discutida en marzo, elaborada por las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda.
Académicos comentaron que este dictamen “mantiene la criminalización hacia los consumidores” y beneficia a empresas privadas sobre los campesinos que, presionados por el crimen organizado o la necesidad económica, trabajan en la producción de marihuana.
“Lo que vemos es que están los intereses del país enfrentados con los de las empresas extranjeras”, dijo Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los expertos afirman que el dictamen establece requisitos técnicos y operativos que difícilmente cumplirán los campesinos, pues se les pide que tengan la trazabilidad de sus productos, que cuenten con una bitácora en la que identifiquen el origen y las distintas etapas de producción y distribución, entre otros.
ESTADOS, UNA ALTERNATIVA
Ante el retraso del Congreso de la Unión para legislar, los expertos explicaron que los estados podrían tomar otra alternativa para, por lo menos, dejar de criminalizar a quienes usan la marihuana: dar menos prioridad a los ilícitos relacionados con esta hierba y enfocarse en otros de alto impacto, como homicidio, feminicidio y secuestro.
“Los estados deberían hacer esto en protesta por las omisiones de la Federación. Se debería permitir a las entidades decidir, pero si no se puede, entonces tendrían que actuar para dejar de criminalizar a los consumidores”, señaló Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE.
Ejemplos de esto ha sido discutidas a nivel local. Tal es el caso de una propuesta al Congreso de la capital para que no haya una persecución contra quienes posean menos de 30 gramos de hierba.
Extienden plazo para rendición de cuentas
Con el objetivo de facilitar la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses para los niveles medios, enlaces, operativos y de base sindicalizados, Irma Sandoval, titular de la SFP, informó a los integrantes del gabinete que, debido a la pandemia por Covid-19, el plazo para cumplir con esta obligación se amplía hasta el próximo 31 de diciembre.
Por medio del oficio FP/100/005/2020, la secretaria de la Función Pública (SFP) dijo que esta ampliación para la presentación de la declaración también beneficia a los funcionarios de estos niveles que deberán presentar esta obligación.
“Ante la emergencia sanitaria es necesario tomar medidas que garanticen el cumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses, por lo que he considerado necesario ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2020.
“Lo anterior, con la finalidad de facilitar la presentación de la declaración y el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de personas servidoras publicas”, comentó.
Sandoval pidió la colaboración, así como apoyo de los integrantes y titulares de las dependencias y entidades del gabinete para que hagan del conocimiento de sus trabajadores la ampliación del nuevo plazo “y de este modo abonar al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas”.
El pasado 21 de abril, la SFP informó que como una medida de apoyo a los funcionarios emitiría un acuerdo para ampliar el plazo de la declaración patrimonial y de intereses, del 1 de mayo hasta el 31 de julio.